El gobierno estatal, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, presentó una controversia avalada por el poder Legislativo contra el Inegi y el gobierno federal por eliminar del censo a 191 poblaciones con más de 30 mil habitantes.
Cancún.- El gobierno de Quintana Roo demandó a la Suprema Corte de Justicia invalidar resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 y exigir al Instituto Nacional de Estadística (Inegi) rectificar la arbitraria eliminación de 191 poblaciones con más de 30 mil habitantes, informó el presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, diputado Eduardo Espinoza Abuxapqui.
El poder Legislativo autorizó a la procuraduría de Justicia Estatal a promover la controversia constitucional y expresó que la incuria del Inegi causa agravio directo a esta entidad porque, además de abonar a la marginación y la pobreza, reducirá drásticamente las participaciones federales que recibe el Estado.
Además, las imprecisiones del censo abren graves riesgos para la alteración o deformación de resultados electorales, lo que resulta muy preocupante en vísperas de la contienda electoral de 2012, para renovar los poderes federales.
El diputado Espinoza Abuxapqui presentó un punto de acuerdo en su carácter de presidente de la Gran Comisión, que fue aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios de la Legislatura, “para defender intereses legítimos de Quintana Roo”.
La demanda fue promovida inicialmente por el poder Ejecutivo estatal a través de la procuraduría General de Justicia del Estado; fue recibida por el Magistrado José Fernando Franco González, quién como ministro instructor, solicitó que el poder Legislativo de esta entidad avalara la controversia contra el Inegi y el gobierno federal.
En el punto suscrito hoy la cámara de diputados de Quintana Roo expresa que “de dar validez a lo realizado por el Inegi, el estado sufrirá una sustantiva reducción de participaciones y aportaciones federales, para cuya asignación se toma como base el número de habitantes que señala el censo a cada entidad federativa.”
"El censo de 2010 que el Inegi publicó el tres de marzo del 2011, no incluye a 191 centros de población con 27 mil 581 habitantes, causa agravio a la entidad federativa y a sus municipios por reducción de percepciones, impactan directamente en el índice de marginación y pobreza extrema”, explicó Espinosa Abuxapqui.
El hecho es un acto de privación de Derechos que la Ley de Coordinación Fiscal otorga a esta entidad y violación de este ordenamiento, el Inegi carece de competencia constitucional para modificar la superficie territorial de las entidades federativas", enfatizó el diputado Espinoza Abuxapqui.
Fernando Meraz
Fuente: Milenio Diario, 3 de mayo de 2010
