Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, sonreía ampliamente ante las cámaras al conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las medidas cautelares solicitadas contra Nicaragua. Chinchilla sonreía y saludaba, la vista fija en los lentes, satisfecha por una “victoria contundente” que, explicó, le daba la razón a Costa Rica. La presidente costarricense convertía en victoria personal un fallo que en realidad fue salomónico y cuyo desenlace terminó dando la razón al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, intermediario sin éxito en la disputa diplomática.
De hecho, la alegría de Chinchilla no fue contagiosa para sus compatriotas, muchos de los cuales vieron en la decisión de la CIJ más bien un triunfo para Nicaragua, según sondeos de opinión organizados por medios costarricenses. A la CIJ aún le toca pronunciarse sobre el tema más espinoso, el trasfondo del diferendo que levanta ampollas a ambos lados de la frontera: la soberanía de una pequeña porción de tierra de 2 kilómetros cuadrados ubicada en el extremo sureste de la zona fronteriza y que ahora queda como zona en disputa.
De hecho, la alegría de Chinchilla no fue contagiosa para sus compatriotas, muchos de los cuales vieron en la decisión de la CIJ más bien un triunfo para Nicaragua, según sondeos de opinión organizados por medios costarricenses. A la CIJ aún le toca pronunciarse sobre el tema más espinoso, el trasfondo del diferendo que levanta ampollas a ambos lados de la frontera: la soberanía de una pequeña porción de tierra de 2 kilómetros cuadrados ubicada en el extremo sureste de la zona fronteriza y que ahora queda como zona en disputa.
En su fallo emitido el 8 de marzo, la Corte con sede en La Haya desestimó las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica, incluyendo la suspensión del plan de dragado desarrollado por Nicaragua, al no haber evidencias de que este proyecto cause daños ambientales en territorio tico. La Corte ordenó a ambos países que se abstuvieran de mantener personal en la zona en disputa, aunque le permitió a Costa Rica enviar personal civil para proteger el medio ambiente, siempre que sea necesario e informando primero a Nicaragua.
Para los analistas, se trata de un fallo conciliador, que busca impulsar un entendimiento diplomático entre ambos países y bajar el tono de una disputa diplomática que daba la sensación de ser una prueba de fuerzas entre Chinchilla y el presidente Daniel Ortega. Ambos mandatarios salieron favorecidos en sus niveles de popularidad desde que comenzaron las diferencias, en octubre del año pasado, dejando en segundo plano problemas internos de ambas naciones.
A pesar de que ambos gobiernos aceptaron el fallo de la Corte, y de que ambos declararon victoria, las relaciones aún continúan tensas, dadas la posición de Costa Rica de continuar con una demanda contra Nicaragua, y las intenciones del presidente Ortega de iniciar una demanda contra Costa Rica por daños ambientales causados en la frontera por las actividades económicas de aquel país.
El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, informó el mismo día que la CIJ dio a conocer su fallo, que espera indicaciones del presidente Ortega para comenzar el proceso de la demanda, lo que sería otro engorroso y costoso procedimiento que duraría años y garantizaría mantener encendida la llama del nacionalismo que trae buenos réditos políticos.
“A partir del resultado se puede evaluar las posibilidades de Nicaragua de demandar a Costa Rica. El fallo que ha emitido la Corte es una oportunidad extraordinaria para pensar serenamente, para asumir una posición cautelosa sobre este tema y abrir las puertas al diálogo bilateral”, dijo el doctor Mauricio Herdocia, experto en derecho internacional.
“El diálogo bilateral es una oportunidad muy importante para que Costa Rica y Nicaragua comiencen a discutir los temas de fondo. La densificación de mojones es una área clave, pero también los problemas de carácter ambiental”, agregó Herdocia.
Pera el experto, con su fallo la CIJ hace un llamado a ambos países para ponerse de acuerdo y buscar soluciones comunes. “Es una oportunidad de oro para que las posiciones extremas se bajen, se aminoren estos planteamientos a veces exacerbados que hemos visto de parte de Costa Rica, y que se permita iniciar un diálogo que permita afrontar los problemas reales entre ambos países”, dijo Herdocia.
Para Herdocia, si bien la CIJ fue clara al confirmar el derecho de dragado de Nicaragua en el río San Juan, estas actividades deben realizarse con cuidado, para evitar un nuevo malentendido con Costa Rica. “Hay que ser muy cuidadosos sobre el tema del dragado, porque la presión de Costa Rica siempre va a estar en tratar de demostrar alguna afectación significativa al medioambiente costarricense”, dijo Herdocia.
Diálogo condicionado
La presidenta Chinchilla aseguró el miércoles pasado que está dispuesta a reiniciar el diálogo binacional con el gobierno nicaragüense, aunque condicionó el inicio de las conversaciones al retiro de soldados y personal civil de la zona en controversia. El gobierno del presidente Ortega asegura que en la región ya no hay presencia militar, lo que marcó el inicio de la disputa en octubre, cuando Costa Rica acusó a Nicaragua de violar su soberanía en la zona conocida como Harbour Head.
Chinchilla incluso anunció que enviará personal de la Guardia Civil a la zona, así como zapadores de las fuerzas públicas para que peinen el lugar, ya que Costa Rica teme que el Ejército de Nicaragua haya ocultado minas, lo que fue negado por el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés.
“El Ejército, en las operaciones que realizó en octubre (contra narcotraficantes), no ha instalado minas en ese sector… No hemos minado nada. Ellos (Costa Rica) deben estar claros de eso”, dijo Avilés en declaraciones difundidas por la agencia France Presse.
Razón para Insulza
El fallo de la CIJ terminó dando la razón al que fuera el insípido mediador en el diferendo diplomático, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que en su informe oficial tras visitar ambos países en noviembre, recomendó evitar la presencia militar en la zona en disputa, así como avanzar en el diálogo binacional para encontrar una salida diplomática a la crisis.
De hecho, de haber aceptado ambos gobiernos aquellas recomendaciones, se hubiera evitado el costoso trámite ante la CIJ y el largo e igualmente costoso proceso que significa la espera de un nuevo fallo sobre la soberanía de la zona en disputa. Insulza había recomendado “retomar a lo inmediato las conversaciones sobre aspectos relacionados con la demarcación de la línea fronteriza conforme a los tratados y laudos existentes”.
Sin embargo, no hubo consenso sobre estas propuestas y el día que tocó discutirlas en el seno del Consejo Permanente de la OEA, quedó en evidencia la incapacidad de sus miembros de llegar a un acuerdo para saldar una crisis regional. En esa ocasión la diplomacia nicaragüense dejó en evidencia sus flaquezas e improvisaciones, mientras que el Consejo Permanente quedó como un órgano incapaz.
Para los analistas, se trata de un fallo conciliador, que busca impulsar un entendimiento diplomático entre ambos países y bajar el tono de una disputa diplomática que daba la sensación de ser una prueba de fuerzas entre Chinchilla y el presidente Daniel Ortega. Ambos mandatarios salieron favorecidos en sus niveles de popularidad desde que comenzaron las diferencias, en octubre del año pasado, dejando en segundo plano problemas internos de ambas naciones.
A pesar de que ambos gobiernos aceptaron el fallo de la Corte, y de que ambos declararon victoria, las relaciones aún continúan tensas, dadas la posición de Costa Rica de continuar con una demanda contra Nicaragua, y las intenciones del presidente Ortega de iniciar una demanda contra Costa Rica por daños ambientales causados en la frontera por las actividades económicas de aquel país.
El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, informó el mismo día que la CIJ dio a conocer su fallo, que espera indicaciones del presidente Ortega para comenzar el proceso de la demanda, lo que sería otro engorroso y costoso procedimiento que duraría años y garantizaría mantener encendida la llama del nacionalismo que trae buenos réditos políticos.
“A partir del resultado se puede evaluar las posibilidades de Nicaragua de demandar a Costa Rica. El fallo que ha emitido la Corte es una oportunidad extraordinaria para pensar serenamente, para asumir una posición cautelosa sobre este tema y abrir las puertas al diálogo bilateral”, dijo el doctor Mauricio Herdocia, experto en derecho internacional.
“El diálogo bilateral es una oportunidad muy importante para que Costa Rica y Nicaragua comiencen a discutir los temas de fondo. La densificación de mojones es una área clave, pero también los problemas de carácter ambiental”, agregó Herdocia.
Pera el experto, con su fallo la CIJ hace un llamado a ambos países para ponerse de acuerdo y buscar soluciones comunes. “Es una oportunidad de oro para que las posiciones extremas se bajen, se aminoren estos planteamientos a veces exacerbados que hemos visto de parte de Costa Rica, y que se permita iniciar un diálogo que permita afrontar los problemas reales entre ambos países”, dijo Herdocia.
Para Herdocia, si bien la CIJ fue clara al confirmar el derecho de dragado de Nicaragua en el río San Juan, estas actividades deben realizarse con cuidado, para evitar un nuevo malentendido con Costa Rica. “Hay que ser muy cuidadosos sobre el tema del dragado, porque la presión de Costa Rica siempre va a estar en tratar de demostrar alguna afectación significativa al medioambiente costarricense”, dijo Herdocia.
Diálogo condicionado
La presidenta Chinchilla aseguró el miércoles pasado que está dispuesta a reiniciar el diálogo binacional con el gobierno nicaragüense, aunque condicionó el inicio de las conversaciones al retiro de soldados y personal civil de la zona en controversia. El gobierno del presidente Ortega asegura que en la región ya no hay presencia militar, lo que marcó el inicio de la disputa en octubre, cuando Costa Rica acusó a Nicaragua de violar su soberanía en la zona conocida como Harbour Head.
Chinchilla incluso anunció que enviará personal de la Guardia Civil a la zona, así como zapadores de las fuerzas públicas para que peinen el lugar, ya que Costa Rica teme que el Ejército de Nicaragua haya ocultado minas, lo que fue negado por el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés.
“El Ejército, en las operaciones que realizó en octubre (contra narcotraficantes), no ha instalado minas en ese sector… No hemos minado nada. Ellos (Costa Rica) deben estar claros de eso”, dijo Avilés en declaraciones difundidas por la agencia France Presse.
Razón para Insulza
El fallo de la CIJ terminó dando la razón al que fuera el insípido mediador en el diferendo diplomático, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que en su informe oficial tras visitar ambos países en noviembre, recomendó evitar la presencia militar en la zona en disputa, así como avanzar en el diálogo binacional para encontrar una salida diplomática a la crisis.
De hecho, de haber aceptado ambos gobiernos aquellas recomendaciones, se hubiera evitado el costoso trámite ante la CIJ y el largo e igualmente costoso proceso que significa la espera de un nuevo fallo sobre la soberanía de la zona en disputa. Insulza había recomendado “retomar a lo inmediato las conversaciones sobre aspectos relacionados con la demarcación de la línea fronteriza conforme a los tratados y laudos existentes”.
Sin embargo, no hubo consenso sobre estas propuestas y el día que tocó discutirlas en el seno del Consejo Permanente de la OEA, quedó en evidencia la incapacidad de sus miembros de llegar a un acuerdo para saldar una crisis regional. En esa ocasión la diplomacia nicaragüense dejó en evidencia sus flaquezas e improvisaciones, mientras que el Consejo Permanente quedó como un órgano incapaz.
